El aborto está despenalizado en el Estado español desde 1985, cuando se aprobó la actual ley que contempla sólo tres condiciones excepcionales para interrumpir el embarazo. Se puede abortar por violación durante las primeras 12 semanas de embarazo, por malformación del feto durante las primeras 22 semanas y si hay peligro para la salud física o psíquica de la madre durante todo el embarazo. Ahora, organizaciones feministas, de salud sexual y reproductiva critican la ofensiva contra las clínicas de abortos, que achacan a grupos fundamentalistas. Además acusan al PSOE de negarse a reformar la ley por intereses electoralistas. Numerosas clínicas dedicadas a la interrupción del embarazo están realizando una huelga esta semana que durará hasta el próximo día trece de enero. Más de 40 asociaciones rechazaron en rueda de prensa las actuaciones judiciales y administrativas contra clínicas autorizadas para realizar abortos en Madrid y Barcelona durante las últimas semanas. Las entidades denuncian una campaña orquestada por sectores ultracatólicos y conservadores contrarios a los derechos sexuales y reproductivos.
Gracias al aporte de Joana García y Rebeca Rubio, del periódico Diagonal, escuchamos las entrevistas a Justa Montero, de la Coordinadora Estatal de Organizaciones Feministas y Empar Pineda, portavoz de la Asociación de Clínicas Acreditadas para la Interrupción Voluntaria del Embarazo.
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