La huelga de cañeros en el Valle del Cauca pone en evidencia la campaña de criminalización dirigida desde la Casa de Nariño.

Radio Nizkor ha recibido información de fuentes solventes de que nuevamente se estaría preparando una campaña de inteligencia que tendría como finalidad específica el procesamiento de periodistas, sindicalistas y otros activistas sociales, para lo cual se procedería a la imputación de delitos, o bien relacionados con el terrorismo, o bien relacionados con la criminalización de acciones legales, como puede ser favorecer una huelga u otras formas de protesta social totalmente legítimas en un estado de derecho.
Esta campaña sería complementaria a la ya iniciada por el Gobierno colombiano y que ha llevado al procesamiento de personas acusadas, básicamente, de relaciones con las FARC, como son los procedimientos iniciados en Dinamarca y en España...
La información recibida por Radio Nizkor dice que esta nueva campaña de control político social iniciada por el Gobierno colombiano está dirigida, directamente, por el sistema de seguridad de la Presidencia de la República, concretamente por el Brigadier General Flavio Eduardo Buitrago Delgadillo, jefe de seguridad de la casa de Nariño y quien controla directamente este tipo de operaciones.
El General Flavio Buitrago Delgadillo al parecer es familiar de Pablo Elías Delgadillo Buitrago, un esmeraldero famoso por su amistad con el narcotraficante Gonzalo Rodríguez Gacha, alias El Mexicano, hecho que le permitió incluso convertirse en informante clave para dar con el paradero de los autores materiales del asesinato, en agosto de 1988, del candidato presidencial Luis Carlos Galán. Pablo Elías Delgadillo, muerto en el año 2003, fue junto a Víctor Carranza uno de los líderes de la alianza entre narcotraficantes y paramilitares en el Magdalena Medio colombiano, de acuerdo con diferentes fuentes.
La nueva campaña de judicialización contra periodistas, formadores de opinión y activistas sociales y políticos en Colombia está acompañada por seguimientos, intimidaciones y rastreos de inteligencia a las familias y al pasado de las personas que serán señaladas... Con ella se busca neutralizar los gravísimos escándalos en que ha estado involucrado el actual gobierno de Álvaro Uribe, 70 de cuyos congresistas aliados han sido o están siendo procesados por sus vínculos con el paramilitarismo, mientras más de una veintena de sus funcionarios de alto y medio nivel han tenido que renunciar por las mismas razones...
Esta campaña sutilmente dirigida y orquestada a todos los niveles, busca también desprestigiar y desalentar la protesta social. En las últimas semanas, organizaciones no gubernamentales de derechos humanos, estudiantiles y sociales han sido señaladas por sus presuntos nexos con la guerrilla, como manera de descalificar huelgas y protestas sociales que actualmente se llevan a cabo.
En el caso de la Rama Judicial, los trabajadores de la justicia llevan casi un mes en huelga, mientras que los corteros de caña de azúcar completan ya 14 días en paro... Uno de los dirigentes del ingenio azucarero Pichichí ha acusado al senador Alexander López, del Polo Democrático, de ser el organizador del paro... El fiscal general ordenó el 25sep08 el traslado a Bogotá del director de Fiscalías de Cali para recibir de primera mano un informe sobre los presuntos nexos del senador Alexander López con el paro de cortadores de caña que se adelanta en el Valle...
En realidad es una nueva maniobra de judicialización del sindicalismo en Colombia y el Senador Alexander López ya se vio inmerso en campañas de esta naturaleza durante la conocida “Operación dragón”, campañas que fueron denunciadas el 30 de octubre de 2004 en un largo y detallado comunicado de organización sociales del Valle del Cauca.

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