Carlos Lozano, director del semanario VOZ y uno de los hombres que más ha insistido en la salida política al conflicto social y armado y la implementación del acuerdo humanitario, ha sido llamado a indagatoria por supuestos nexos con las FARC, pues según el gobierno nacional, su nombre aparece en el famoso ordenador personal de Raúl Reyes, líder guerrillero asesinado hace unos meses en la frontera con Ecuador.
Lo curioso es que junto al nombre de Carlos Lozano, aparecen, según el Gobierno, otros nombres como el de Piedad Córdoba, Wilson Borja, Gloria Inés Ramírez y el periodista William Parra entre otros, personas que de una u otra manera han apostado por la salida política al conflicto, y que según parece, lesiona las expectativas del gobierno colombiano.
Para muchos analistas, esta persecución política ha sido utilizada por el gobierno colombiano como distractor, toda vez que un gran número de políticos muy allegados al presidente Uribe, se han visto relacionados con grupos paramilitares, en lo que se ha denominado la Parapolitica, situación que le resta legitimidad y legalidad a la actual presidencia.
La Red de Prensa Alternativa del Sur Occidente Colombiano entrevista a Carlos Lozano, quien coloca en evidencia lo que hay detrás de toda esta serie de acusaciones contra políticos y periodistas que apuestan por la salida política al conflicto social y armado colombiano.
Lo curioso es que junto al nombre de Carlos Lozano, aparecen, según el Gobierno, otros nombres como el de Piedad Córdoba, Wilson Borja, Gloria Inés Ramírez y el periodista William Parra entre otros, personas que de una u otra manera han apostado por la salida política al conflicto, y que según parece, lesiona las expectativas del gobierno colombiano.
Para muchos analistas, esta persecución política ha sido utilizada por el gobierno colombiano como distractor, toda vez que un gran número de políticos muy allegados al presidente Uribe, se han visto relacionados con grupos paramilitares, en lo que se ha denominado la Parapolitica, situación que le resta legitimidad y legalidad a la actual presidencia.
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