En el espacio que Rafael Cid tiene en Ràdio Klara analiza la decisión del juez Baltasar Garzón.Se veía venir. Finalmente, Baltasar Garzón, se ha declarado competente para “enterrar” la memoria histórica. En un auto que dará que hablar, nuestro juez estrella acaba de dictaminar que la Audiencia Nacional, heredera del Tribunal de Orden Público del régimen franquista al que ahora se imputa, es competente para exhumar a las víctimas de la dictadura porque se trata de crímenes de lesa humanidad que no prescriben.
Sin embargo, a renglón seguido, el legajo de 68 páginas anticipado por la SER y El País, coincidencia habemus, prevé la inutilidad de las pesquisas para un proceso en toda regla porque los presuntos autores, Franco y la banda de los 34, han fallecido. Así que lo que el magistrado que ve amanecer promete es un entierro de primera para cuantos, asesinados, torturados, represaliados, humillados y ofendidos por defender la democracia y el régimen legítimo de la II República, fueron postergados como la antiEspaña por el franquismo y sus cómplices, muchos de los cuales perpetraron la modélica transición democrática, de cuya constitución se cumplen precisamente ahora 30 años.
De esta forma, salvo sorpresas de última hora o interpretaciones más doctas y enjundiosas sobre la resolución garzoniana, lo que a las Asociaciones de Memoria Histórica espera es un apoyo legal para los desenterramientos, una partida de dinero para compensar a víctimas y allegados, y aquí paz y después gloria. Garzón no podía sino declarar su competencia dentro de la incompetencia teleológica que el auto esconde. Lo contrario supondría dejar la puerta abierta para que alguien en otras instancias judiciales, nacionales o internacionales, relanzara el caso con todas sus consecuencias.
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