
Así, el magistrado admitirá a trámite las denuncias que varias asociaciones que solicitan una investigación sobre las desapariciones, asesinatos, torturas y exilios forzosos que se cometieron a partir de 1936 y consideraban que cabe exigir responsabilidades al Estado español dentro del marco actual de las obligaciones de reparación por la violación del Derecho Internacional.
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